La crisis internacional desencadenada por los atentados del 11 de septiembre y la ofensiva estadounidense contra Afganistán, remarcan la imperiosa necesidad de que instrumentos del derecho humanitario, como la Corte Penal Internacional, cobren plena vigencia. Mientras más grave es un delito, más imperativas se tornan las respuestas enmarcadas en el plano de los derechos humanos, en los principios de soberanía, seguridad, cooperación y justicia penal universal.
Una reflexión semejante fue la que, al fin de la Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio del inventario y recuento de sus horrores. Nuremberg abrió camino a una conciencia internacional, para la cual los crímenes de lesa humanidad no pueden ser sepultados en la sola derrota militar.
Esa conciencia no bastó para evitar que referencias geográficas como Cono Sur, Bosnia, Somalia, Ruanda o Campuchea fueran convertidas en referentes de nuevos cementerios colectivos. Sin embargo, la sociedad ha encontrado en la legislación internacional una posibilidad de sanción y posible prevención o disuasión de futuros delitos de alcance internacional.
El 17 de julio de 1998, la Asamblea General de Estados de las Naciones Unidas, dentro de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios reunida en Roma, aprobó el Estatuto de creación de la Corte Penal Internacional.
Este instrumento establece una Corte con jurisdicción sobre las personas que cometan los más graves delitos de alcance internacional. La aprobación del Estatuto constituye un avance fundamental en el campo de la protección de los derechos humanos y, de manera particular, en la lucha contra la impunidad.
La entrada en vigencia de este tratado internacional requiere de la ratificación de 60 Estados. Para noviembre de 2001, alrededor de 150 Estados han suscrito el Estatuto de Roma y 46 ya lo han ratificado.
A partir las discusiones preparatorias de la Conferencia de Roma, se conformó una coalición de ONGs que actualmente agrupa a más 1000 organizaciones a nivel mundial. Ellas trabajan por lograr la aprobación de la creación de una Corte Penal Internacional independiente, focalizando sus esfuerzos en conseguir la pronta ratificación del Estatuto por el mayor número de Estados.
La Corte Penal Internacional será complementaria a las jurisdicciones nacionales. Por ello, en muchos países el proceso de ratificación se ha centrado en la compatibilidad del tratado internacional con las constituciones nacionales.
En la Comunidad Andina, todos los países miembros han suscrito el Tratado de Roma. Primero Venezuela y recientemente Perú lo han ratificado. Conseguir que lo hagan los Estados restantes, es una de las tareas del momento para todos quienes trabajamos en el área de los Derechos Humanos.
En diciembre de 2001, el Congreso Nacional de Ecuador ratificó el Estatuto de Roma, aún está pendiente la presentación internacional de esta resolución por parte de la Cancillería ecuatoriana. Una vez más, dependerá de la influencia de los actores sociales que este paso se dé en el menor tiempo posible.

Quito, enero 2002