Los atentados del 11 de septiembre del
2001 en Estados Unidos constituyeron una tragedia internacional.
Entre sus víctimas hubo ciudadanos estadounidenses, así
como de otros países de América, de Asia, de Europa;
ciudadanos musulmanes, cristianos, judíos. Aunque la
identidad de los autores aún tiene que establecerse plenamente,
los datos parecen indicar que procedían de varios países.
El dolor y la indignación ante este acto atroz han afectado
a personas de todo el mundo. Una tragedia internacional requiere
una respuesta global, fundamentada en los principios universales
de justicia y de derechos humanos.
Mientras el mundo se prepara para una «reacción
enérgica», los líderes del mundo han adoptado
el lenguaje de la guerra. En horas como ésta es cuando
debemos estar en guardia para avistar los peligros que acechan
a los derechos humanos. La voz de los defensores de los derechos
humanos no debe quedar ahogada por el toque de rebato que llama
a las armas. Exigimos que los Estados respeten los derechos
humanos y el derecho humanitario internacional, y que lo hagan
siempre, en toda circunstancia.
Ya hemos tenido que presenciar la ola de ataques racistas causados
por el simple aspecto o religión de las personas. La
percepción de amenaza está echando leña
al racismo y a la xenofobia. En Norteamérica, en Europa
y otros lugares, se ha disparado, apuñalado y golpeado
a musulmanes, a árabes y a sijs. Se han arrojado bombas
incendiarias contra las mezquitas. Se han saqueado los comercios.
Hasta las escuelas han tenido que cerrar sus puertas a causa
de la intimidación y el hostigamiento.
Los gobiernos tienen que actuar con firmeza para poner fin a
los ataques racistas contra los musulmanes, contra la población
asiática y medioriental de sus propios países,
ya sean sus propios ciudadanos o ciudadanos extranjeros. Nadie
puede osar hablar en nombre de la libertad si la población
de su propio territorio no se siente igualmente protegida. Los
gobiernos están usando la «guerra contra el terrorismo»
para introducir medidas draconianas con las que se limita las
libertades civiles. Estados Unidos y los gobiernos de la Unión
Europea están considerando la introducción de
disposiciones que les permitirían detener a los inmigrantes
indefinidamente, aunque no se los acuse de ningún delito.
Medidas de este tipo no tienen ningún efecto disuasorio
sobre los autores de un posible ataque, pero sí pueden
reprimir las voces disidentes y reducir las libertades fundamentales.
Por ello hay que oponerse a ellas.
Para mantener un equilibrio entre la seguridad y la libertad
del individuo no tenemos que sacrificar las salvaguardias internacionales
que protegen los derechos humanos. Incluso en la peor de las
crisis, los gobiernos no tienen una «carta blanca»
absoluta. Hasta cuando están en guerra, están
obligados a obedecer las normas básicas que protegen
la vida de los civiles.
El costo humano de la crisis no debe recaer en los que son más
vulnerables -los refugiados y los solicitantes de asilo que
huyen de la represión y del terror-. Algunos gobiernos
están sirviéndose del clima de temor público
para hacer más estrictas las leyes y políticas
de asilo. Australia y la Unión Europea están apresurándose
a introducir medidas que socavarán los derechos de los
refugiados y causarán más miseria a los seres
humanos.
Una crisis humanitaria de proporciones épicas está
desarrollándose en las fronteras de Afganistán,
país al que Irán y Pakistán han vuelto
la espalda cerrando la frontera a los hombres, mujeres y niños
afganos afectados por la hambruna que huyen ahora por temor
a un ataque militar. Es necesario que actuemos sin dilación
para impedir una repetición de la calamidad que presenciamos
en Blace cuando los refugiados huían de Kosovo. La comunidad
internacional ha de insistir en que los Estados vecinos permitan
la entrada de los refugiados afganos. Y la comunidad internacional
debe asimismo compartir el costo y la responsabilidad de acogerlos.
Las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, como
todas las víctimas, se merecen justicia, no venganza.
¿Cómo pueden obtenerla? Los gobiernos han pasado
a toda prisa a definir sus opciones en términos de fuerza.
Nosotros, como defensores de los derechos humanos, debemos insistir
en que se haga justicia como dicta el Estado de derecho. Tanto
la persecución como el juicio subsiguiente de los sospechosos
debe realizarse en cumplimiento de las normas internacionales
que regulan el uso de la fuerza y las garantías procesales.
La pena de muerte no puede imponerse.
Los atentados del 11 de septiembre han puesto de relieve una
vez más la necesidad de un sistema de justicia internacional.
Ciertas atrocidades exigen una rendición de cuentas a
nivel internacional. En algunas circunstancias la cooperación
internacional para procesar a los presuntos autores es más
fácil de lograr mediante un tribunal internacional. Lamentablemente,
muchos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, no han ratificado
el establecimiento de la Corte Penal Internacional y se resistieron,
durante la redacción del Estatuto de Roma, a ampliar
su jurisdicción. A medida que se hace evidente la necesidad
de la cooperación internacional para abordar crímenes
transnacionales, el gobierno de Estados Unidos debe considerar
su apoyo al establecimiento de la Corte.
Todas las víctimas, tanto si perecen ante los ojos de
los medios de comunicación del mundo o en un conflicto
en tierras remotas, tienen derecho a la justicia. La respuesta
a la tragedia del 11 de septiembre no debe crear más
víctimas ni servir de pretexto para lanzar un ataque
contra los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar a
los gobiernos a la construcción de un sistema efectivo
de justicia internacional que pueda poner fin a la impunidad
de todos los responsables de abusos graves contra los derechos
humanos, ya se cometan en Estados Unidos, Chechenia o en Sierra
Leona.
FUENTE: Amnistía
Internacional. Servicio de Noticias. 26 de septiembre del 2001
http://www.edai.org/centro/otrosnews/2001/N1117101.htm
Ver también: Helen Duffy, Legal Director INTERIGHTS,
October 2001
RESPONDING TO SEPTEMBER 11: THE FRAMEWORK OF INTERNACIONAL LAW.
http://www.interights.org/about/sept%2011.asp
