De acuerdo a Juan J. Linz y Alfred Stepan, las medidas que debe enfrentar la transición chilena, representan el caso más desleal de transferencia de poder de todos los estudiados por ellos, tanto en el sur de Europa como en Sudamérica, debido a las innumerables restricciones estructurales instaladas por la dictadura mediante la Constitución de 1980, la Ley de Amnistía de 1978, y otras medidas impuestas a última instancia, como los atractivos incentivos económicos otorgados a miembros del poder judicial para su jubilación temprana y dejar nominados a jóvenes miembros leales al autoritarismo (206-10)(1). Esto ocurre porque a diferencia de lo acontecido en Argentina y Grecia, y en menor medida en Brasil y Uruguay, en donde se arriba a un proceso transitorio luego de la pérdida de autoridad del régimen saliente (lo que Barahona de Brito et al llaman “transition by rupture” 11), los militares chilenos no dejaron de contar con el apoyo incondicional de la burguesía, ni menos aún tuvieron la derrota que sufrieron los militares argentinos en la guerra de Las Malvinas, la que vino a sellar su deslegitimidad, ante lo cual Barahona de Brito sostiene que la transición chilena no podía ser sino pactada 12)(2) . A los rasgos anteriores Linz y Stepan suman el carácter de incomplitud de los procesos transicionales: “como comparativistas estamos tristemente concientes de que la mayoría de los procesos políticos apartados de lo que una vez fue un régimen estable no democrático, no concluyen en ‘transiciones democráticas completas'. Pocas incluso llegan a ser democracias consolidadas (xiii). En tal contexto el jurista chileno José Zalaquett declara que “buscar verdad, justicia y reconciliación durante una transición a la democracia debe ser reconocido y tratado como un dilema de ética política” (“Truth, Justice and Reconciliation” 343). Ante ello ha insistido en la necesidad de establecer estándares diferenciados para los regímenes transicionales, sobre todo con respecto a las expectativas legales que se les imponen, puntualizando que si bien es cierto es legítimo exigirles la instalación de un sistema que clausure violaciones a derechos humanos, esperar una total dispensación de justicia es un imperativo irrealista en dichas condiciones (“Confronting Human Rights Abuses” 627, 660; “Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints” 1427-29)(3).

La sustentabilidad de la nueva democracia en Chile no sólo posee como telón de fondo la “prudencia” o la “responsabilidad”, sino que además tiene muy presente la triste experiencia vivida por el gobierno de Raúl Alfonsín, pues si bien es cierto la crisis de la milicia, dio libertad para mejor negociar la transición argentina e iniciar una de las campañas más drásticas para castigar a los culpables, ya sea a través de la anulación de la Ley de Amnistía instalada por la dictadura y el consecuente enjuiciamiento público a los generales responsables, tan pronto como los militares recuperaron su cohesión comenzaron a ejercer presión y el gobierno se vio obligado a adoptar medidas de indulgencia que desautorizaban las anteriormente implementadas. Más aún, al suceder a Alfonsín, Carlos Menem dio perdón político a los que aún podían ser procesados y un año más tarde aplicó esta misma medida a militares que ya habían sido condenados. Este factor se relaciona además con la legitimidad y credibilidad que el nuevo gobierno debe lograr, quien al establecer ciertas políticas, debe ser capaz de sostenerlas en el tiempo, pues una vez que un proceso se ha iniciado, no puede haber retrocesos. En ese sentido, y sirviéndose de las lecciones históricas aprendidas, el hecho de que en Chile se aceptaran las limitantes reales de la Ley de Amnistía, constituye para varios autores un gesto de responsabilidad política, y es en dicho contexto que el abogado argentino Juan Méndez, para el contexto chileno declara: “los líderes democráticos merecen crédito por haber resistido las presiones de aprobar mayores amnistías y perdones” (“In Defense of Transitional Justice” 10)(4).

En dicho marco, el 25 de abril de 1990, Patricio Aylwin formó la “Comisión Verdad y Reconciliación” cuyo Informe (Rettig) fue publicado en marzo de 1991. Muchas de las críticas a este Informe son las que dieron lugar a que durante el gobierno de Ricardo Lagos se formara la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (también llamada Comisión Valech), informe dado a conocer el 28 de noviembre del 2004. La primera centró sus esfuerzos en identificar a víctimas que habían perdido la vida o cuyo paradero aún permanece desconocido. Así, identificó 2.279 casos de ejecutados políticos y desaparecidos, ocurridos entre 1973 y 1990. Algunos de los eventos simbólicos inmediatos fueron los funerales de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1990, en tanto a nivel policial se sucedieron hallazgos que afectaron significativamente el clima de tensión ya existente durante su publicación, siendo el más notorio el descubrimiento en junio del mismo año de una fosa común en Pisagua, en donde yacían restos momificados de víctimas de fusilamiento(5). Sin embargo, el evento de mayor impacto ocurrido sólo un par de semanas luego de la publicación del Informe, fue el asesinato de Jaime Guzmán, el cual alteró de manera irrevocable la dirección que tomó la administración de Aylwin y los subsecuentes gobiernos de la concertación. Jorge Correa Sutil recuerda:

Un mes después de que el Informe [Rettig] se hiciera público y los medios y la opinión pública se enfocaran ampliamente en él, alguien mató a uno de los líderes jóvenes más influyentes de la derecha, el senador Jaime Guzmán. La atención se desplazó del pasado a los peligros del futuro. La violencia política y la delincuencia se convirtieron en la nueva preocupación. Como un político declaró, el Informe de la Comisión fue enterrado junto a Jaime Guzmán. (“Dealing with Past Human Rights Violations” 494)(6).

Así, el asesinato en abril de 1991 del entonces líder del partido Unión Democrática Independiente (UDI) y uno de los intelectuales de la Constitución de 1980, encontró su reacción de parte del sector castrense en el ejercicio militar realizado en la vía pública conocido como “Boinazo”, el 28 de mayo de 1993, gesto simbólico intimidatorio que hizo revivir el estado de terror cuando ya habían transcurrido tres años del primer gobierno concertacionista, y que dejó al descubierto los débiles progresos logrados con vías a la democratización, pero sobre todo hizo tambalear la retórica, el clima y las voluntades supuestamente compartidas de reconciliación que la administración de Aylwin se había impuesto como uno de sus principales objetivos. Ambos hechos acentuaron el sentimiento de miedo y de vulnerabilidad tanto en la clase política como en la ciudadanía, ante lo cual el total esclarecimiento de la verdad se convirtió en amenaza de posibles brotes de venganza y de reincidencia de un Golpe Militar. Evidentemente, logra cuerpo aquí lo que sostiene Norbert Lechner cuando recuerda que “los miedos son una motivación poderosa de la actividad humana y, en particular, de la acción política” (43)(7).

La Comisión Valech tuvo por misión recibir el testimonio de aquellas víctimas sobrevivientes de tortura y prisión, las que sumaron un total de 35.000 personas, de las cuales más de 27.000 fueron formalmente reconocidas como víctimas de tortura y ante ello, el Estado ha debido asumir tareas compensatorias y asistenciales(8).

El documento consta de unos ocho capítulos, establece que los detenidos fueron torturados en cada lugar donde permanecieron detenidos, de Arica a Magallanes. La redacción es detallada. Explica y menciona cada lugar de tortura región por región y ciudad por ciudad. Relata los tipos de tormentos aplicados. Y se extiende acerca de los efectos que la tortura dejó en las víctimas, en sus familias y en la sociedad chilena (Jorge Escalante, Diario La Nación , 10 de octubre 2004).

En el mencionado artículo periodístico se elucubra sobre la posible reacción que este informe generaría en las Fuerzas Armadas, sobre todo porque éste deja constancia de que, a diferencia de todo lo informado anteriormente por esta institución, la tortura y la persecución fueron políticas institucionales, y no aisladas. Reconocer este hecho llevará a tener que admitir que los 3.000 asesinados son víctimas de dicho terror de Estado. Más aún, este informe establece que tales prácticas fueron desarrolladas no sólo en los centros clandestinos de la DINA y la CNI , sino también en muchos recintos militares, comprometiendo de ese modo a un radio mayor de fuerzas del ejército y otras instituciones castrenses.

Pues bien, la anticipada reacción del Ejército no se hizo notar mediante actos intimidatorios, como había ocurrido en 1991, sino a través de declaraciones públicas y presiones judiciales. Si bien es cierto dicho Informe fue entregado para conocimiento ciudadano por el presidente Lagos el 28 de noviembre del 2004, el 5 del mismo mes, 23 días antes, el entonces Comandante en jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre entregó el discurso “Ejército de Chile: el fin de una visión”, en el cual ofrece una disculpa pública por los actos en los que se vio involucrado el Ejército, contextualizándolos en la Guerra Fría.

Una visión -por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo- que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros, los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba(9).

Evidentemente esta declaración ofrece un giro fundamental sobre la actitud que las Fuerzas Armadas han comenzado a asumir luego de 14 años de procesos democratizadores. El segundo efecto que el Informe Valech produjo, es que el 27 de enero del 2005, tres meses después de conocerse el Informe y el discurso de Cheyre, la Corte da un plazo de seis meses para concluir los casos pendientes o bien debe procederse al cierre de estos. La justificación es la presión del Ejército ante el reclamo de generales que están siendo investigados para dichos procesos: “Aunque se ha mantenido silencio sobre asuntos cruciales como el paradero de cientos de presos ‘desaparecidos', los antiguos oficiales procesados ahora se han quejado amargamente de los retrasos en los juicios . . . [ante lo cual], el Comandante del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, ha presionado persistentemente al gobierno para que adopte medidas para acelerarlos”(10). La justificación dada por la Corte , es que de acuerdo a las normas internacionales, los acusados deben ser juzgados en plazos razonables, una excusa que Human Rights Watch califica de improcedente, pues al momento de esta medida y ante el carácter preliminar de las investigaciones, aún no se han formulado los cargos de rigor.

Las comisiones han debido enfrentar el dilema de la verdad y/o justicia, el cual se desglosa finalmente en dos puntos: imponer aquello que Juan Méndez designa como abuso de mayoritismo, y, por otro lado, aplicar castigo o clemencia. Méndez sostiene que aunque las víctimas no tienen derecho a reclamar una forma de castigo por sobre otra, sí tienen el derecho a que se les haga justicia. La imposición de una amnistía o perdones, representa un abuso de mayoritismo, incluso si se ha arribado a él a través de un debate democrático (“In Defense” 5-7). Por otro lado, optar entre clemencia o castigo se relaciona sobre todo con establecer cuál de las dos avenidas ofrece mayores garantías de que tales experiencias atroces no se repitan.

En el marco antes referido, ambas comisiones han optado por el criterio de no nombrar a culpables de abusos, lo cual ha sido fundamentado en el hecho de que las Comisiones no son organismos jurídicos. Est a negativa a proporcionar los nombres de los inculpados ha sido abiertamente interpretada como un mecanismo solapado de impunidad, ante ello ha generado movilizaciones populares de parte de víctimas sobrevivientes y de familiares de detenidos desaparecidos. Tal es el caso de la agrupación H.I.J.O.S ( Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) creada en Argentina en 1994, la que bajo el lema “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros padres y sus compañeros”, ha trascendido también a Uruguay y a Chile. Así, a partir de 1995, esta agrupación comenzó a desarrollar actos denominados “escraches”, o de “justicia popular”, mediante los cuales individuos claramente identificados como perpetradores de abusos son visitados en sus residencias o lugares de trabajo para ser denunciados públicamente, se entrega información en forma de panfletos y se leen en voz alta los crímenes por los cuales se les acusa.

Sobre todo después de los eventos de diciembre del 2001 en el que quedó al descubierto el descalabre económico ocasionado por las políticas del neoliberalismo y los niveles de corrupción de las elites políticas argentinas, el “escrache” comenzó a ser utilizado también para inculpar públicamente a los responsables de tal crisis, a la reacción frente a la impunidad de la violencia política se sumó la resistencia por la confianza cívica de que gozan aquellos responsables de imponer un sistema económico-social que ha generado los niveles más altos de pobreza en la historia argentina. Se iguala de este modo la criminalidad institucional de la democracia que avala y promueve políticas sociales en contra del bien común, con el terrorismo del Estado autoritario. Desde entonces el lema reza: “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Castigo popular a los asesinos de ayer y de hoy. Libertad a todos los presos políticos. Fuera el imperialismo de América Latina y el mundo. Por trabajo, salud, educación y vivienda para el pueblo. Si no te lo dan, tómalo. La inseguridad del pueblo son las fuerzas represivas en las calles. Ni Alca ni Mercosur”. Vemos de este modo que en la actualidad la sociedad civil identifica en la violencia de Estado y en las políticas económicas neoliberales los mayores peligros para su seguridad inmediata y a largo plazo)(11).

En Chile estos mismos actos han recibido el nombre de “Funas”, organizados por la Comisión del mismo nombre, la que inició sus actividades en octubre de 1999 como parte de “Acción, Verdad y Justicia (H.I.J.O.S.-Chile)”. El “Proyecto Internacional de Derechos Humanos” establecido en Londres en 1998 después de la detención de Pinochet, es un sitio muy completo en el que se dan detalles históricos, comunicados de prensa y una lista minuciosa de víctimas, como a su vez de criminales de derechos humanos, al respecto ha planteado la siguiente declaración: “La impunidad imperante en Chile y la complicidad del Gobierno de la Concertación , han creado instrumentos de ‘solución', tales como la Comisión Rettig , la Mesa de Diálogo, La Comisión Valech , ignorando intencionalmente, a los responsables de los crímenes”(12).

Resulta evidente, por lo tanto, que un sector significativo de víctimas y sus familiares, ofrecen una evaluación negativa, no sólo de lo logrado por estas comisiones, sino sobre todo de la verdadera intencionalidad que subyace en ellas. Las observan como mecanismos implementados, no para hacer justicia ni develar la verdad, sino como un subterfugio para amparar a los criminales, un desencanto que, forzosamente llega a cuestionar la legitimidad y el compromiso que los gobiernos de la concertación han sostenido con el imperativo de los derechos humanos y los balances históricos.

Uno de los aspectos menos tangibles, pero de los más profundos para el proceso de democratización chilena ha sido la falta de campañas educativas y foros públicos para generar una reflexión compartida, tendientes a involucrar a la sociedad amplia en una conversación constructiva sobre el pasado. Las posibilidades de inaugurar un ejercicio de memoria colectiva basado en un documento autorizado, quedaron truncas con el asesinato de Jaime Guzmán en 1991, semanas después de darse a conocer el Informe Rettig. La falta de discusión, evidentemente, ha hecho que el propósito de crear reconciliación (aspecto que en el Informe fue visualizado como meta deseable una vez ocurrido este proceso colectivo), se haya convertido en un mandato, en una imposición arbitraria sin basamento intelectual, y por ello, sin compromiso emotivo ni ético. El Informe Rettig pareciera ostentar hoy el triste lugar de mamotreto, desvinculado del historial psicosocial del país, en circunstancias de que esconde la respuesta a muchos de los temores que aún persisten. Esta tarea parece estar siendo retomada en el gobierno de Michelle Bachelet a través de un discurso que se propone “construir con memoria” y “educar en la democracia” y para ello distintos actos simbólicos y medidas legislativas parecen ofrecer las vías concretas de su logro. Sin embargo, los 16 años transcurridos han creado un vacío que ha significado que las víctimas han debido enfrentar solas, no sólo el agobio de su dolor, sino además la responsabilidad de mantener ellas en sus propias vidas el peso de una memoria atroz, y luchar para que se reconozca una verdad que le pertenece a todos los chilenos. Es más, este espacio vacante ha sido ocupado por una suerte de tedio sobre el pasado el que, no obstante, es sobre todo un hastío sin información, vacuo, fragmentado, intermitente, que se asoma a hurtadillas en conmemoraciones (sobre todo al cumplirse los 30 años del Golpe y al morir Pinochet), colmado de clichés, imágenes sin contextos y estigmatizaciones exentas de la posibilidad de absolverse.

Con vías a propiciar un proceso de sanación social, las medidas educativas y simbólicas son consideradas de suma relevancia, no sólo para honrar a las víctimas, sino también para informar y prevenir la repetición de tales contextos de violencia. El imperativo de construir un “nunca más”, sin embargo, pasa también por complejos procesos psicológicos individuales y sociales. Este aspecto es mencionado indistintamente por estudios provenientes de disciplinas varias, pero sobre todo por la psicología social.

En esta instancia podemos decir que existe un acuerdo respecto a la relación consecuencial que se observa entre conocer y difundir la verdad de los hechos para disipar ambivalencias y extirpar el miedo; restituir relaciones de confianza y solidaridad para devolver un sentido de comunidad; crear las condiciones para un mejoramiento psicológico social que lleven a que los individuos se comprometan, no sólo con su propia vida, sino además con los proyectos comunitarios. Quizás el punto más relevante desde la lectura psicológica es que para evitar la recurrencia de los horrores del pasado se requiere asumirlo, no sólo como información, sino como base que permita crear una experiencia con contexto, asimilada, un pasado que sirva como repositorio desde el cual abastecer el futuro. Así, un pasado ausente es tan inocuo como un pasado transmitido como dogma, en forma de doctrina o difundido a medias, fragmentariamente, en conmemoraciones, monumentos y lápidas que desplazan, descuidan u omiten el relato que les da sentido. Por otro lado, la necesidad de “continuar” a pesar de los pesares, y el imperativo teleológico que subyace en la existencia de los individuos y de las comunidades –tener un propósito, avanzar hacia estados de superación y bienestar— requiere que las conductas que amenazan esta misma continuidad y camino a la superación (de personas o de grupos sociales) no se normalicen, y para ello, la revisión y escrutinio que se debe realizar del pasado no es sólo un deber ético, sino que posee además un valor de calidad vital.

Al hacer un balance sobre el impacto que los juicios y los Informes de comisiones de verdad y justicia ejercen para el mejoramiento de la democracia, Barahona de Brito concluye que no existe una diferencia cualitativa evidente entre los beneficios de uno y otro: “la democracia es tan sólida en España, Hungría, y Uruguay en donde no hubo juicios ni comisiones, como lo es en Portugal, la República Checa o Argentina, que sí los tuvo”, así sugiere que lo más importante es reformar las instituciones, especialmente la policía, la milicia y el poder judicial. De mismo modo, ambas rutas en sí mismas son insuficientes para asegurar una integración política, para lo cual se requiere mejorar categorías sociales, económicas, y en muchos casos, la exclusión étnica (Barahona et al 312-313)(13).

Pues bien, este repaso realizado por las limitaciones institucionales en que han tenido lugar ambas comisiones chilenas de verdad y justicia, ha tenido el propósito de cotejar la declaración del primer gobierno de la Concertación y su política estampada en la frase “en la medida de lo posible”. Si para José Zalaquett y otros autores actuar dentro de lo posible representa un acto de responsabilidad política que protege los intereses de paz social, sin por ello sacrificar el develamiento de la verdad incluso sin justicia, para otros autores, en especial para Juan Méndez y Jorge Mera el conflicto no radica del todo en la lógica del mayoritismo, sino sobre todo en que “lo posible” fue establecido de antemano, esto es, como un juego predeterminado en donde se optó por trabajar con limitaciones antes de estudiar hasta que punto éstas realmente eran inamovibles. Mera sostiene:

Es cierto que nadie está obligado a hacer lo imposible. Sólo se puede obtener el monto de verdad y de justicia que es dable conseguir. Pero “lo posible” se refiere a los resultados, esto es, lo que es posible obtener . Ello significa, por lo tanto, que es necesario llevar a cabo un verdadero esfuerzo para obtener el resultado deseado: el máximo de verdad y justicia posibles. Si a pesar de los esfuerzos hechos, poco o nada se obtiene, entonces tal es la medida de verdad y justicia que son alcanzables. Nada más fue posible. Este es un juicio hecho a posteriori: juzgando los resultados a la luz de los esfuerzos hechos para lograrlos. Ésta no es la interpretación que el gobierno de Aylwin le dio a esta fórmula. Para ellos se trata de una prejuicio ex ante , en el cual el gobierno de antemano fijó sus propios límites respecto a lo que creyó posible, sin hacer ningún esfuerzo por obtener los resultados deseados. (“Chile: Truth and Justice under the Democratic Government” 183-84)(14).

Atendiendo a la gran difusión y prestigio que el Informe Rettig ha alcanzado en tanto un modelo operativo coherente en un contexto político tan adverso, y además debido a la gran influencia que las reflexiones de Zalaquett han ejercido en los estudios jurídicos de regímenes transicionales, Méndez sostiene:

el énfasis en los límites en contraste con el acento en las posibilidades, también asume que no importa lo que se haga, eso es lo más que se podría haber hecho en las circunstancias (. . . ) La comunidad Internacional debería alabar a la sociedad chilena por su habilidad de lograr que se asuman responsabilidades dentro de sus objetivas limitaciones, pero no hay necesidad alguna de convertir la escasez en virtud. (“Accountability for Past Abuses” 271-72)

En este punto vale la pena preguntarse: ¿Cómo se puede justificar que los márgenes de lo posible se hayan establecido de antemano, de modo pre-determinado y no luego de ensayar los límites de lo que era realmente factible? ¿Es esta una decisión guiada por la irresponsabilidad, la cobardía personal de los líderes, o es un miedo emanado del régimen de terror, frente al cual nadie, incluida la elite política, no puede permanecer ajena?

Notas

1. Linz, Juan J. y Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe ( Baltimore and London: The Johns Hopkins Univ. Press, 1996). Todas las traducciones provenientes de fuentes en inglés son responsabilidad de WPO.
2. Alexandra Barahona de Brito, Carmen González Enríquez y Paloma Aguilar. The Politics of Memory and Democratization. Oxford : Oxford University Press, 2001.
3. José Zalaquett, abogado de derechis humanos y ex director del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, miembro de la Comisión Rettig. Entre sus múltiples publicaciones, la síntesis aquí presentada proviene principalmente de: “Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Applicable Principles and Political Constraints” ( Hamline Law Review 13. 1990: 623-60), artículo en el cual introduce la categoría de ética de principios y responsabilidades siguiendo el pensamiento de Max Weber. “Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Violations” ( Hasting Law Journal 43. 1991-1992: 1425-38), “Truth, Justice and Reconciliation: Lessons for the International Community” en Comparative Peace Processes in Latin America . Ed. Cynthia J. Arnson (Washington D.C.: The Woodrow Wilson Center Press, 1999:341-61).
4. "In Defense of Transitionanal Justice, " en Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies. Ed. James A. McAdams (South Bend, Indiana: University of Notre Dame Press, 1997): 1-26. Otros artículos importantes del mismo autor sobre este tema son: “Accountability for Past Abuses” en Human Rights Quarterly. 19.2 (1997) 255-282, y “Latin American Experiences of Accountability” en The Politics of Memory: Truth, Healing and Social Justice . Ed. Ifi Amadiume y Abdullahi An-Na'im (Londres y N. York : Zed Books, 2000): 129-141.
5. En Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1932-1994 (Santiago de Chile: LOM, 2000) , Lira y Loveman dedican el último capítulo a analizar la Comisión Verdad y Justicia, proveyendo además abundante bibliografía académica y periodística que permite situar el Informe en el contexto específico en que fue producido y los numerosos eventos políticos y judiciales que le sucedieron.
6. Jorge Correa Sutil, "Dealing with Past Human Rights Violations: The Chilean Case after Dictatorship.” Notre Dame Law Review 67.5 (1992): 1457-1464. Un extracto de este artículo fue re-publicado en Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Ed. por Neil J. Kritz (Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1995): 455-461. Las citas provienen de esta fuente.
7. Norbert Lechner, Las sombras del mañana: la dimensión subjetiva de la política (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2002). Aunque el “Boinazo” tuvo sin lugar a dudas un gran efecto sensacionalista, varios autores le asignan al asesinato de Guzmán una relevancia sustancial en el cambio de curso que tuvo la política de la concertación. Así es notado por Lechner (Op. Cit.); Zalaquett “Truth” 358; Lira y Loveman en Historia, Política y Ética de la Verdad en Chile; Priscilla B. Hayner en Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity (Routledge: Ney York and London, 2001, pág. 37), Alexander Wilde, en “Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile's Transition to Democracy”, en Genocide, Collective Violence, and Popular Memory: The Politics of Remembrance in the Twentieth Century . Eds. David E. Lorey and William H. Beezley ( Wilmington , Delaware : Scholarly Resources Inc., 2002); y Alexandra Barahona de Brito en “Passion, Constraint, Law, and Fortune: The Human Rights Challenge to Chilean Democracy” en Burying the Past: Making Peace and Doing Justice after Civil Conflict . Ed. Nigel Biggar (Washington D.C.: Georgetown University Press, 2003).
8. El Informe de Human Rights Watch publicado el 16 de diciembre de 2004, “ Chile: Los testimonios sobre torturas serán ocultados por 50 años ”, aclara: “[El Informe] propone que las víctimas deben recibir pensiones anuales que oscilan entre 1.353.798 y 1.549.422 pesos (aprox. 2.294 y 2.626 dólares). Los niños nacidos en prisión o detenidos junto a sus padres recibirían un pago único de cuatro millones de pesos (aproximadamente 6.779 dólares)”. http://www.hrw.org/spanish/press/2004/chile_testimonios.html ). Consultada el 6 de enero del 2006.
9. Discurso reproducido por Diario La Nación el 5 de noviembre del 2004. También disponible en: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041105/pags/20041105090447.html Consultado el 6 de enero del 2006.
10. Declaración ofrecida por José Miguel, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, publicada en el Informe del 27 de enero de 2005. http://www.hrw.org/spanish/press/2005/chile_limites.html Consultado el 6 de enero del 2006.
11. Al respecto se puede consultar los sitios: http://www.stormpages.com/marting/escrachehijos.htm , http://hijoslucha.netfirms.com/ , http://www.agrupacionhijos.tk/
12. Para ver el movimiento de Funas en Chile consultar : http://www.geocities.com/jrme_chile/declaracion_de_la_funa.htm ; y para “Proyecto Internacional de Derechos Humanos”: http://memoriaviva.com
13. Las luchas del pueblo mapuche, las cuales resurgieron a mediados de los años 90 a partir de los proyectos de represa suscritos por el Estado de Chile para la compañía española ENDESA, ha generado una pugna que en este momento debería obligar a asumirlo como conflicto étnico. Al menos tal es la evaluación que desde organizaciones mapuche base se le ha dado a este problema, sobre todo después del arresto y prisión de cuatro individuos que fueron parte de manifestaciones en contra de este proyecto y a quienes se les aplicó la Ley Antiterrorista instalada por la dictadura, y fueron condenados a 10 años y un día más el pago de US $ 791,000 (423 millones pesos chilenos) de indemnización a la empresa Forestal Mininco. En carta abierta dirigida a la presidenta Bachelet enviada el 3 de abril del 2006, se declara: “Los comuneros mapuche destacan que la pena impuesta se fundamenta en un fallo judicial arbitrario, de índole racista.” Dicha carta indica como contacto al Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu; e-mail: yefal@mapuche.info ; www.mapuche.info . Otros sitios que pueden ser consultados para revisar los movimientos civiles mapuche son: http://www.ellatinoamericano.cjb.net/ , en especial el artículo “ Mapuches: Los Palestinos de América del Sur”, del estudiante de periodismo Pedro Cayuqueo. Otos sitios son: http://www.mapuexpress.net ; http://resistenmapu.nav.to ; http://www.chilevive.cl/ ; http://www.chilevive.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=137 . Todos ellos consultados el 4 de noviembre del 2006.
14. Jorge Mera, "Chile : Truth and Justice under the Democratic Government,” en Naomi Roht-Arriaza, ed. Impunity and Human Rights in International Law and Practice ( Oxford: Oxford University Press, 1995): 171-84.

* Doctora en literatura latinoamericana y teoría crítica en la Universidad de Washington, Seattle. Ha sido parte del Departamento de Español y del Centro Neocelandés de Estudios Latinoamericanos de La Universidad de Auckland, Nueva Zelandia. Autora de: S obre castas y puentes: Conversaciones con Elena Poniatowska, Rosario Ferré y Diamela Eltit.

Contribuyó al volumen Rockin' las Americas : the Global Politics of Rock in Latin/o America . University of Pittsburgh con un capítulo dedicado al rock chileno. Además ha publicado sobre fotografía, literatura femenina y gay, música y crítica cultural en revistas académicas de Australia, Latinoamérica y Estados Unidos.

Colaboradora regular en la sección de reseñas para la revista The Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History . En este momento está completando un libro sobre memoria, trauma y estado neoliberal en el arte chileno del postautoritarismo.

Descargar archivo en formato PDF